En concreto, lo que busca es suprimir el Tribunal de Impugnaciones penal y redistribuir sus funciones en los Colegios de Jueces, creando un Recurso de Revisión Horizontal ante un tribunal de tres jueces sorteados, con revisión amplia de la sentencia y sin reenvío.

Se busca cumplir con el estándar de doble conforme de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que sentó jurisprudencia en los casos Mohamed, Duarte, Chambla, acortar plazos y evitar dilaciones, manteniendo un recurso de casación ante el Superior Tribunal solo cuando el tribunal revisor revoca la sentencia.

Los actuales jueces de Impugnación pasan a integrar los Colegios de Jueces y las causas en trámite se redistribuyen.

Los puntos destacados del proyecto de ley

• Busca perfeccionar el sistema de justicia penal acusatorio, optimizando la asignación de recursos judiciales, garantizando la imparcialidad en todas las etapas del proceso y fortaleciendo el acceso a la justicia.
• La supresión del Tribunal de Impugnación en lo Penal y la integración de sus magistrados a los Colegios de Jueces de la Primera y Segunda Circunscripción Judicial, respectivamente, permitirán una gestión más eficiente de los recursos humanos, maximizando la disponibilidad de jueces para la celebración de juicios orales y la resolución de recursos.
• La competencia revisora horizontal a cargo del Colegio de Jueces optimizará los estándares constitucionales del debido proceso y del derecho al recurso de todas las partes involucradas en el procedimiento penal.

ANSL