En un movimiento sin precedentes, el Gobierno ha anunciado el inicio de la intervención en todos los registros automotores del país. El puntapié inicial de este proceso está siendo liderado por el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio.

La decisión se basa en una comunicación dirigida al Secretario de Justicia, firmada por Carlos Medina, subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia. En el comunicado se da por iniciado el proceso para revocar las intervenciones vigentes o nombrar a nuevos interventores en más de un centenar de registros automotores.

En Argentina, con 1557 registros de la propiedad automotor, el mercado mensualmente lleva a cabo unas 180,000 transferencias o inscripciones entre automóviles, motocicletas y transporte pesado, incluyendo maquinaria agrícola. En el año 2022, se realizaron 407,532 operaciones de 0km, 1,589,000 de usados, 410,955 de motos nuevas y 401,562 de motos usadas, sumando un total de 2,809,049 trámites, con un promedio de 150 por mes por cada oficina. Sin embargo, existen registros con un volumen mucho mayor debido a su ubicación y jurisdicción.

Un especialista en el mercado automotor argentino destacó: “Son entes designados a dedo, de amigos del poder político, y aquí no hay distinción de colores políticos, porque esto ocurre desde hace décadas y hay registros en todo el país, cuyos titulares son personas que tuvieron o tienen vinculación directa o indirecta con autoridades de todos los gobiernos”.

El problema de los registros se puede dividir en dos puntos principales: el mal funcionamiento del sistema registral de vehículos y sus altos costos. Estos trámites tienen un costo aproximado al 6% del valor del auto, y uno depende del otro, ya que a más trámites, aranceles y sellos, más costos para los usuarios.

Infobae ha consignado el listado de los registros que están próximos a ser intervenidos por el Gobierno, entre los cuales se encuentran tres ubicados en San Luis: el número 19001 de Buena Esperanza, el 19002 de Quines y el 19009 N° 4 de San Luis, ubicado en avenida Ejército de los Andes.

Este movimiento marca un cambio significativo en la gestión de los registros automotores del país y podría tener repercusiones importantes en el sistema de propiedad vehicular y los costos asociados para los usuarios.

Fuente: El Chorrillero