Los docentes de la Escuela Municipal Mirlo participaron en la última Banca Ciudadana del Concejo Deliberante, donde reconocieron que el sistema de designación de cargos en la institución siempre ha sido informal y sin quejas formales por parte de la comunidad educativa.

Durante su intervención, los docentes del Mirlo destacaron que el sistema actual carece de bases claras y formales, afirmando que los concursos se han llevado a cabo sin procedimientos sólidos y confiables. Explicaron que las reglas del proceso se comunican mayormente de forma oral, lo que debilita la legitimidad y transparencia del sistema.

La situación se complicó tras la reciente impugnación del concurso por parte de una de las candidatas, quien señaló la falta de claridad en las bases y cuestionó el proceso de selección. El Ejecutivo municipal había emitido un decreto que reorganizó el concurso, lo que permitió continuar con el proceso, pero generó malestar entre los miembros de la comunidad educativa y los opositores políticos, quienes vieron la medida como una intervención directa.

Desde el bloque opositor en el Concejo Deliberante, se presentó un proyecto solicitando que el Ejecutivo municipal no interviniera en los concursos y que la gestión pasara a la órbita provincial. Esta propuesta fue refutada por la concejala María José Álvarez, quien recordó que la Escuela Mirlo es una institución municipal y que, al estar financiada con recursos municipales, la provincia no tiene competencia sobre su administración.

Álvarez sugirió eliminar los comentarios despectivos de la resolución y propuso trabajar en una normativa que regule los concursos de manera formal y transparente. Además, subrayó que el acceso a cargos públicos debe basarse en méritos, sin influencias externas, e instó a revisar los procesos de designación anteriores para establecer una legislación clara que garantice equidad en los concursos públicos.

Finalmente, el bloque opositor decidió no aprobar su propio proyecto tras las modificaciones sugeridas por Álvarez, lo que evidenció la falta de consenso en torno a la necesidad de transparencia en todos los concursos.

La concejala también defendió la facultad del Ejecutivo municipal como Superior Jerárquico y Responsable Legal de la institución para intervenir cuando sea necesario, con el objetivo de asegurar que los procesos de selección sean justos y transparentes.